La confianza de los mayores en el sistema (o ¿desconfianza?)

A finales del mes de julio se promulgó la ley de atención preferencial del adulto mayor en salud y pudimos observar cómo el Ejecutivo y el Legislativo celebraron tal iniciativa, no obstante, lo relevante de la materia y las declaraciones que la ley contiene, dicha normativa no contempla financiamiento alguno.

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Paula Forttes Valdivia*

El financiamiento de una iniciativa que busca resolver las dificultades de las personas mayores en el sistema de salud respecto de la calidad de la atención resulta determinante, a no ser que el imaginario de los legisladores y del ejecutivo crea que el problema en la atención de salud radica en voluntades del personal o en deficiencias procedimentales de asignación de horas y medicamentos, y no en un déficit de recursos.

Más allá de la operatividad que pueda o no pueda tener la ley, lo que ocurre con este tipo de prácticas de parte de instituciones llamadas a responder a las demandas sociales, políticas y ciudadanas es la pérdida de confianza de las personas mayores con el sistema, lo que no sólo ocurre con este grupo, sino que con la ciudadanía en su conjunto.


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Complementa lo anterior el que los desafíos que plantea el envejecimiento de la población al sistema no logran instalarse en la agenda con la urgencia, prioridad y responsabilidad que requieren.

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En las próximas décadas, nuestro país estará sometido a presiones fiscales y políticas debido a las necesidades de asistencia sanitaria, pensiones y protección social de este grupo de población en aumento, por lo que no es posible seguir perdiendo tiempo no otorgándole la prioridad, la urgencia y el contenido que este debate demanda. 

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